La represión sobre los perdedores de la Guerra Civil se prolongó a lo largo de los 40 años que duró la dictadura. En 1979 comienza un proceso de reparación económica que el movimiento memorialista y algunos partidos políticos no consideran zanjado en absoluto. El Gobierno, según un estudio interno al que ha tenido acceso elDiario.es, reconoce que 21.749 millones de euros (hasta diciembre de 2020) es el total de lo que la Administración General del Estado ha dedicado a reparaciones económicas a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Es la cantidad más alta que se ha gastado nunca el Estado en indemnizar a víctimas, seguida muy de lejos por las afectadas por el aceite de colza.
Esta cantidad incluye las reparaciones en forma de pensiones a militares, combatientes, mutilados, así como sus familiares en caso de fallecimiento y los asesinados y desaparecidos; estos son 547.670 beneficiarios y un importe de 21.349 millones de euros, estando el grueso de la reparación en los militares no profesionales. Por otro lado, se recogen también las reparaciones a las personas que sufrieron prisión, tanto en la compensación de aportaciones a la Seguridad Social como en indemnizaciones; esto ha afectado a 60.683 personas, con un importe de 397 millones de euros. Por último, se recogen también las 49 indemnizaciones a los herederos de personas que dieron la vida en defensa de la democracia entre 1968 y 1977 cuyos expedientes fueron aceptados de entre los 190 que se presentaron; esto supuso 2,8 millones de euros.