A las 7:30 de la mañana, Mónica Pinedo recibe la primera llamada de la coordinación del turno de oficio. A otros abogados les habrán llamado mucho antes pero ella está la decimotercera en la lista, así que esta noche le han dejado dormir. De todas formas, está nerviosa. Aunque es una mujer tranquila, siempre le entran los nervios en las guardias a pesar de que lleva haciéndolas desde hace catorce años. Ha apuntado en un folio que tiene que ir a hacer una asistencia a la comisaría de Usera, donde custodian a siete detenidos por un robo con fuerza. Le han asignado a uno de ellos. Eso es todo lo que sabe. Cuando se meta al coche, con el folio guardado dentro de una carpetilla en su cartera, pone las manos en el volante y, antes de arrancar, recuerda que su hermano, también abogado, le dijo que no perdiera nunca esos nervios, porque en verdad lo que significan es que te importa tu cliente.
Si no fuera porque la mandan a un barrio de Madrid que está a tres cuartos de hora de su domicilio en metro, no habría cogido el coche, un automóvil al que se le enganchan los pestillos y con el que ni siquiera puede aparcar ya en el interior de la M-30. Por ello, en cada una de las comisarías que visite durante el día, que será largo, intentará dejarlo en las zonas reservadas para la policía, con mejor o peor suerte.
Como la gran mayoría de los letrados del turno de oficio, Mónica ejerce, además, de manera particular, para así completar un sueldo. Del turno no se puede vivir y por eso estos abogados están visibilizando sus protestas. Hoy Mónica va a hacer procedimientos penales abreviados o juicios rápidos: por cada uno de ellos puede cobrar entre 200, si hubiera sobreseimiento o el Juzgado lo transformara en delito leve, y 360 euros si no hay conformidad y se acaba celebrando un juicio oral. A estas cantidades, que ella considera “indignas”, tendrá que restarle el IRPF. Si el enjuiciamiento correspondiera a la Audiencia Provincial, la indemnización, que es el nombre que se le da a lo que cobran los abogados del turno de oficio, llegaría a 400 euros. Eso lo paga la comunidad autónoma en aquellos territorios con competencias transferidas. Pero hay tribunales que dependen del Ministerio de Justicia, como la Audiencia Nacional. Allí las indemnizaciones no son mucho más altas: 270 euros y 108 euros más si es considerado de especial complejidad. Por cada mil folios, 22 euros más. El pasado mes de diciembre, un comunicado del Ministerio de Justicia anunció que dejaría de abonar la retribución a las abogadas y abogados designados de oficio en aquellos asuntos en los que no se reconozca el derecho a asistencia jurídica gratuita a sus defendidos, bien porque no le corresponda o porque el justiciable no aportó la documentación requerida. En Madrid, esto afectaría a la Audiencia Nacional y a los recursos de casación, amparo y apelación. Pero hay cinco comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Baleares) y ambas ciudades autónomas sin competencias, por lo que en estos lugares les afecta de lleno. Si se deniega la justicia gratuita y la persona no paga, el abogado o la abogada, no cobra: trabaja gratis. Mónica pone el coche, el teléfono, los folios, por mencionar solo la parte material. Los conocimientos jurídicos, la humanidad necesaria para tranquilizar a sus defendidos, la preocupación, las llamadas de los familiares, los toma y dacas de la comisaría, los roces en los juzgados, los desprecios que recibe, la manera de solucionar las carencias de tiempos y medios… eso no está pagado, a veces literalmente.
Este reportaje tiene dos versiones. La que se puede leer siguiendo el enlace de más arriba es la publicada en la web de El Salto, que es algo más larga y completa que la aparecida en el periódico de febrero (en papel).
La historia sigue durante dos días a una abogada del turno de oficio, por diferentes comisarías de Madrid y en los juzgados de Plaza Castilla, durante una guardia.
Las fotos son de Álvaro Minguito.