El cierre del CIE de Fuerteventura, anunciado por el ministro del Interior Grande-Marlaska durante la sesión de control al Gobierno, no es solo una pequeña victoria de los defensores de los derechos humanos contra los defensores de un sistema migratorio inhumano e ineficaz, sino también de la racionalidad contra el por si acaso, del periodismo y la transparencia contra la opacidad que todavía envuelve la contratación pública.
Que el Gobierno seguía gastando dinero en el agua, la luz, la limpieza, la comida y el mantenimiento de un CIE cerrado en 2012 no nos enteramos hasta cinco años después, a pesar de que la información era pública: solo había que leer los pliegos de licitación…