“Imagínate que de repente aterrizas en un país con el patrimonio y el tamaño de Portugal y Galicia, y tuvieras que documentar la catedral de Santiago, los castros del norte de Portugal, las ciudades romanas…, todo, porque nadie lo maś lo está estudiando”. Esta es la sensación de algo inmenso, inagotable e inabarcable que tiene Alfredo González Ruibal sobre Somalilandia, “un país donde no hay ningún arqueólogo, quitándonos a nosotros mismos, en un territorio de una riqueza arqueológica excepcional”.
Alfredo, cuyo trabajo sobre arqueología de la Guerra Civil se ha hecho muy popular gracias a su blog y su cuenta de Twitter, Guerra en la Universidad, ha regresado a España dos días del momento en el que se realiza esta entrevista, mientras su equipo, compuesto por seis personas y un número variable de somalíes, permanece una semana más en Somalilandia rematando algunos asuntos de las excavaciones que han realizado allí durante un mes.
Somalilandia es una república autoproclamada cuya independencia de Somalia no está reconocida por la comunidad internacional. Y este es el principal motivo por el que un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias del Patrimonio del Csic sean los únicos en desarrollar un programa arqueológico a largo plazo en una región que vivió un esplendor comercial multicultural en la Antigüedad. Hoy, Somalilandia sigue siendo excepcional, pero en otros sentidos.
Los nombres importan. Incluso cuando el desgaste cotidiano de un callejero diluye la biografía que esconden sus calles, la historia y la memoria histórica del pasado reciente están ahí para recordarlos. “Los memoriales personalizan a las víctimas”, explicaba a eldiario.es Txema Urkijo, exdirector de Derechos Humanos con el Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe y exdirector también de la disuelta Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Gobierno municipal madrileño con Manuela Carmena. “El elemento de personificar a la víctima con nombres y apellidos y crear un pequeñísimo espacio para los familiares tiene un componente de reparación y de justicia”. Pretender minimizar la importancia de unos nombres es una estrategia que no le ha resultado al Ayuntamiento de Madrid. El mecanismo de control de daños no ha funcionado.
Urkijo fue la persona del Ayuntamiento de Madrid encargada de sacar adelante el memorial de las víctimas del franquismo en el cementerio de La Almudena. Pero no consiguió culminarlo antes de las elecciones de mayo de 2019 y el nuevo Gobierno paralizó la ejecución y revirtió el espíritu del homenaje. La tramitación de los expedientes para la materialización de este proyecto se fue retrasando por diferentes motivos, de manera que la decisión de bloquearlo, en julio del pasado año, fue una de las primera medidas que tomó José Luis Martínez-Almeida como alcalde, por considerarlo «sectario e injusto». El memorial está formado por varios elementos, siendo el principal la reproducción en bronce de unos robles arrancados de la tierra y depositados en el suelo. Tras ellos, como un telón de fondo, tres muros diseñados para que cupiesen en ellos los 2.937 nombres de las personas que habían sido represaliadas en el Madrid de la posguerra. Ese listado fue fruto de una investigación encargada por la oficina que dirigía Urkijo, firmada por el historiador de la Universidad Complutense de Madrid Fernando Hernández Holgado y apoyado por un equipo de otras seis personas, entre las que se encuentra un experto en los fusilamientos de La Almudena como es Manuel García Muñoz.
La campaña contra el memorial la inició el PP madrileño estando en la oposición, al poco de la publicación del informe en febrero de 2019. Almeida utilizó una información del diario ABC para pedir la exclusión de 355 nombres del listado del memorial por denominarlos «chequistas», personas implicadas en la represión en la retaguardia republicana, basándose en el trabajo previo de Manuel García Muñoz. Para Almeida, la inclusión de esos nombres significaba un «blanqueamiento» al «homenajear a personas con las manos manchadas de sangre». El propio García Muñoz ya explicó a este periódico que tanto la cifra como el concepto, en rigor histórico, “no tiene ningún sentido”.
La foto de apertura es de Óscar Rodríguez. Es una mañana en la que coincidimos algunos periodistas (a la izquierda, unas chicas de La Sexta) y familiares impulsores del memorial. A la derecha de la foto, se me ve hablando con el artista creador del memorial.
Cuando le preguntaron a Hans Wolff por lo que había visto en los centros de internamiento para extranjeros de Dinamarca, admitió estar en shock: “en un país altamente desarrollado como Dinamarca, donde usted, con razón, está orgulloso de los altos estándares de derechos humanos, es impactante encontrar condiciones tan terribles, y uno podría cuestionar la capacidad pero también la voluntad de Dinamarca para hacerlo tan mal”, explicó en una entrevista con la televisión pública danesa. Wolff dirigió el grupo del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo Europeo que visitó los campos de Ellebæk y Nykøbing Falster el pasado mes de abril, cuyo informe se hecho público en enero y su impacto se está empezando a ver ahora.
El Comité encontró “inaceptables condiciones de vida” en estos dos lugares que son “como prisiones” y donde se les aplica “normas carcelarias” a los inmigrantes allí detenidos. A las mujeres en Ellebæk les permiten solo 30 minutos al día para estar al aire libre. No tienen actividades, ni les dejan usar su propio móvil ni acceder a internet. Si algún detenido rompe esta norma y es encontrado con un teléfono móvil, es castigado con quince días de aislamiento. La interpretación de lenguas en las visitas médicas la hacen compañeros detenidos o empleados del centro y no traductores profesionales. Otras irregularidades como la saturación de plazas y las deficiencias en la asistencia legal y sanitaria siguen a lo largo del informe [PDF]. El Comité le ha dado al Gobierno danés tres meses para cerrar estas instalaciones. Para Wolff, Ellebæk es uno de los peores centros de detención que ha visto en Europa.
Dinamarca se ha puesto bajo el foco por sus políticas antinmigratorias, las cuales no han mejorado con el giro socialdemócrata de su nuevo Gobierno, ya que la primera ministra pactó la agenda migratoria con el bloque de la derecha. Además de las deplorables condiciones de los campos o denegar el asilo a ciudadanos sirios con la intención de devolverlos a Damasco alegando que ya es un lugar seguro, la estrategia principal del anterior Gobierno conservador y de este, es la de convertir los centros de estancia temporal para peticionarios de asilo en centros de deportación. Lo que está sucediendo en esos lugares es cada día más opaco y por eso es desde allí desde donde The Bridge Radio quiere hacer sus reportajes sonoros.
A las 7:30 de la mañana, Mónica Pinedo recibe la primera llamada de la coordinación del turno de oficio. A otros abogados les habrán llamado mucho antes pero ella está la decimotercera en la lista, así que esta noche le han dejado dormir. De todas formas, está nerviosa. Aunque es una mujer tranquila, siempre le entran los nervios en las guardias a pesar de que lleva haciéndolas desde hace catorce años. Ha apuntado en un folio que tiene que ir a hacer una asistencia a la comisaría de Usera, donde custodian a siete detenidos por un robo con fuerza. Le han asignado a uno de ellos. Eso es todo lo que sabe. Cuando se meta al coche, con el folio guardado dentro de una carpetilla en su cartera, pone las manos en el volante y, antes de arrancar, recuerda que su hermano, también abogado, le dijo que no perdiera nunca esos nervios, porque en verdad lo que significan es que te importa tu cliente.
Si no fuera porque la mandan a un barrio de Madrid que está a tres cuartos de hora de su domicilio en metro, no habría cogido el coche, un automóvil al que se le enganchan los pestillos y con el que ni siquiera puede aparcar ya en el interior de la M-30. Por ello, en cada una de las comisarías que visite durante el día, que será largo, intentará dejarlo en las zonas reservadas para la policía, con mejor o peor suerte.
Desayunando con Mónica e Isidro, de Altodo, frente a los juzgados de Plaza Castilla. Foto de Álvaro Minguito.
Como la gran mayoría de los letrados del turno de oficio, Mónica ejerce, además, de manera particular, para así completar un sueldo. Del turno no se puede vivir y por eso estos abogados están visibilizando sus protestas. Hoy Mónica va a hacer procedimientos penales abreviados o juicios rápidos: por cada uno de ellos puede cobrar entre 200, si hubiera sobreseimiento o el Juzgado lo transformara en delito leve, y 360 euros si no hay conformidad y se acaba celebrando un juicio oral. A estas cantidades, que ella considera “indignas”, tendrá que restarle el IRPF. Si el enjuiciamiento correspondiera a la Audiencia Provincial, la indemnización, que es el nombre que se le da a lo que cobran los abogados del turno de oficio, llegaría a 400 euros. Eso lo paga la comunidad autónoma en aquellos territorios con competencias transferidas. Pero hay tribunales que dependen del Ministerio de Justicia, como la Audiencia Nacional. Allí las indemnizaciones no son mucho más altas: 270 euros y 108 euros más si es considerado de especial complejidad. Por cada mil folios, 22 euros más. El pasado mes de diciembre, un comunicado del Ministerio de Justicia anunció que dejaría de abonar la retribución a las abogadas y abogados designados de oficio en aquellos asuntos en los que no se reconozca el derecho a asistencia jurídica gratuita a sus defendidos, bien porque no le corresponda o porque el justiciable no aportó la documentación requerida. En Madrid, esto afectaría a la Audiencia Nacional y a los recursos de casación, amparo y apelación. Pero hay cinco comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Baleares) y ambas ciudades autónomas sin competencias, por lo que en estos lugares les afecta de lleno. Si se deniega la justicia gratuita y la persona no paga, el abogado o la abogada, no cobra: trabaja gratis. Mónica pone el coche, el teléfono, los folios, por mencionar solo la parte material. Los conocimientos jurídicos, la humanidad necesaria para tranquilizar a sus defendidos, la preocupación, las llamadas de los familiares, los toma y dacas de la comisaría, los roces en los juzgados, los desprecios que recibe, la manera de solucionar las carencias de tiempos y medios… eso no está pagado, a veces literalmente.
Un café y una entrevista antes de entrar al juzgado. Buen desayuno. Foto de Álvaro Minguito.
Este reportaje tiene dos versiones. La que se puede leer siguiendo el enlace de más arriba es la publicada en la web de El Salto, que es algo más larga y completa que la aparecida en el periódico de febrero (en papel). La historia sigue durante dos días a una abogada del turno de oficio, por diferentes comisarías de Madrid y en los juzgados de Plaza Castilla, durante una guardia. Las fotos son de Álvaro Minguito.
Arrancar 2.937 nombres, con sus correspondientes fechas de asesinato, no ha sido suficiente para el Ayuntamiento de Madrid, que ha eliminado también las palabras que se habían escogido para tres placas situadas en el memorial del Cementerio de La Almudena; un lugar previsto como homenaje para las víctimas de la represión franquista en Madrid, que el actual Gobierno municipal ha resignificado para incluir también a las víctimas de la Guerra Civil.
En una de ellas, debían escribirse doce versos de Miguel Hernández, correspondientes a su poema El herido, de su libro El hombre acecha (1938-39). “Para la libertad me desprendo a balazos / de los que han revolcado su estatua por el lodo”, comienza la cita del poeta alicantino, que célebremente musicó Joan Manuel Serrat. Los dos últimos versos de ese cantar seleccionado e incluido dentro del malogrado proyecto, dicen “porque soy como el árbol talado, que retoño: porque aún tengo la vida”, unas palabras que apoyan y ayudan a entender mejor la obra creada por Fernando Sánchez Castillo, en el que unos robles, fielmente reproducidos en bronce, yacen con las raíces arrancadas en el centro del memorial.
Son tres los elementos verticales rematados con sendas piezas de cobre, que deberían haberse inscrito pero que ahora lucen inexplicamente en blanco, como recuerdo de una memoria borrada. Como el rótulo de una calle sin letras. Inservibles. Estos elementos funcionan como hitos que acompañan al visitante del memorial en un breve paseo que va desde la obra de Sánchez Castillo, —cuyo telón de fondo son los tres muros construidos para albergar los 3.000 nombres y que ahora contiene solo 29 palabras— hasta la antigua tapia del cementerio donde tradicionalmente se realizan los homenajes a los fusilados.
Aquel día de finales de los despreocupados años 90 en el que Teddy Bautista posó feliz delante de una carísima mesa de mezclas, de su propio estudio, en su propia casa —un exclusivo chalé en Boadilla del Monte— fue el preciso momento en el que para algunos creadores, que no podían vivir de su arte, la Sgae empezó a hacer aguas. Aunque fuera por un agujero milimétrico.
Bautista se había convertido en presidente de la Sgae con una candidatura continuista, habiendo sido vicepresidente. Le avalaba haber triplicado la recaudación y bajado el porcentaje de los gastos de gestión, es decir, la parte del pastel que retiene la entidad a cada autor por recaudarle sus derechos. Pero ya en 1995 los socios estaban fuertemente enfrentados y por entonces era Juan Antonio Bardem el que le reclamaba falta de transparencia sobre el dinero y los votos. Bautista había abierto de par en par a las editoriales musicales —las que representan los derechos de los autores, quedándose por ello un alto porcentaje del dinero que generan las obras— las puertas de la sociedad y les había acomodado los asientos en las juntas directivas. En términos económicos, la gestión del cantante de Los Canarios como recaudador fue meteórica, lo cual contentó a la gran mayoría, y le aseguró el sillón de presidente durante 16 años, hasta que fue detenido, un día de verano de 2011, por unos posibles delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, en la que fue conocida como Operación Saga, todavía sin juzgar.
Entre 2007 y 2011, los periódicos cubrían profusamente la guerra del canon digital, el conflicto a cara de perro que enfrentó a internautas contra Sgae debido a la tasa que esta empezó a cobrar a los soportes de información para compensar las pérdidas por la copia privada. En el campo de batalla se utilizaron estandartes como “putaSgae” y, como daño o victoria colateral, ganó terreno el ecosistema de licencias libres y lucha contra la rigidez del copyright. Fue una denuncia de la Asociación de Internautas, con el fallecido Víctor Domingo Prieto a la cabeza, ante la Fiscalía Anticorrupción la que destapó Saga y empañó, con mucho más poder que una foto casual, la imagen de la Sgae.
“Cualquier paso que quieras dar es para tropezar con una muralla”, dice Andreu. “Lo del interés superior del menor es mentira, todo son impedimentos”. Andreu es un padre de un menor extranjero, aunque nacido en España, de acogida. El niño juega al fútbol, como sus compañeros, y quiere jugar partidos, como sus compañeros. Pero se ha pasado tres meses quedándose en casa los fines de semana. No entiende porqué los demás, sí y él, no. “Cuando le dije que tendría dificultades por ser extranjero, me contestó: ¿ah, que no soy español?”.
Tramitar la ficha para la inscripción en las federaciones deportivas, en especial la de fútbol, cuesta “el doble o triple esfuerzo” si el menor es extranjero, como ya se sabe, pero el trámite se complica si el menor está en acogida, “cuando, si fuera de aquí, sería instantáneo, hay una gran discriminación”, recalca este padre de la Comunidad Valenciana. El acogimiento familiar es una competencia autonómica que se plantea como alternativa preferible a la institucionalización, es decir, a la vida en las residencias de menores. No es una estancia temporal breve ni es una adopción: la Administración conserva la tutela del menor en desamparo, queda suspendida provisionalmente la patria potestad del padre y de la madre, y la familia acogedora ejerce la guarda del menor.
Promover el deporte en edad escolar es uno de los objetivos del Consejo Superior de Deportes debido a que “contribuye a una mejor formación integral de la persona” y enseña al estudiante “el valor de la cooperación y el trabajo en equipo”. Se hace a través de las asociaciones y federaciones. “El deporte es integración —valora Andreu—, es una gran oportunidad para guiar a niños marginados a participar en la sociedad”, por lo que no entiende las trabas administrativas: “¡si están bajo la tutela del Estado, debería ser algo automático!”. Pero las federaciones, que son entidades privadas, imponen sus normas. Andreu ha tenido que aportar el pasaporte, el certificado de empadronamiento histórico, el certificado de nacimiento (si hubiera estado en otro idioma, habría tenido que incluir una traducción), certificados escolares expedidos con menos de tres meses que acrediten la escolarización durante todos los cursos de los últimos cinco años, declaración del club donde conste las fechas y circunstancias bajo las cuales sucedió el primer contacto con el jugador y la afiliación al sistema informático Fénix que utilizan las federaciones locales y que tiene un pequeño coste. Pero si su hijo no hubiera nacido en España y llevara menos de cinco años aquí, debería aportar, además, el contrato de trabajo del padre y de la madre, una declaración de los padres del jugador que explique las razones por las que se mudaron a España, y una explicación acompañada de documentos oficiales que corroboren los medios de sustento económico de los padres. Toda esta documentación alude a los padres biológicos, no a los de acogida.
La cultura funeraria, más allá de las imprescindibles pompas fúnebres, se mueve en un terreno que produce fascinación y repulsión con intensidad semejante. Los cementerios son también lugar para la apreciación del arte funerario, tal y como propone la Ruta Europea de los Cementerios, la cual incluye nueve camposantos españoles, ninguno de ellos en Madrid. Pero lo son también como punto de partida para contar historia y recuperar memoria. Eso hacen guías como Julia Soria (ExperimentaMadrid) y Paloma Contreras (Entre piedras y cipreses) con las visitas gratuitas que han venido realizando al Cementerio Civil de La Almudena, al que muchos llaman “el gran olvidado”. Allí se encuentran las tumbas de La Pasionaria, Marcelino Camacho, Pablo Iglesias, Nicolás Salmerón, Carmen de Burgos, Rosario La Dinamitera o los Mendieta: Timoteo y Ascensión, la última persona enterrada allí.
La empresa remunicipalizada durante el gobierno de Manuela Carmena Servicios Funerarios de Madrid (SFM) puso en marcha en 2018 una programación de visitas gratuitas para las que el año pasado abrió 2.500 plazas en diferentes rutas sobre personajes ilustres, arquitectura, mujeres singulares y cine. Además, lanzó un programa de visitas nocturnas teatralizadas al Cementerio Civil, para el que se ofertaron 720 plazas. Este servicio está licitado y lo lleva a cabo la empresa Talher, especializada en jardinería, forestal, limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y educación ambiental, según indican en su web.
Paloma es una apasionada de los cementerios, a los que considera “verdaderos museos al aire libre”. Lleva realizando visitas al Cementerio Civil desde febrero de 2019. Las últimas tuvieron lugar en septiembre y ya no las ha querido repetir debido a que empezaron a ponerle “trabas”. Paloma convocaba pequeños grupos y paseaba por el Civil y el Hebreo, parándose en algunas tumbas sobre cuyos durmientes ella quisiera rememorar su historia. “Diría que lo que yo hago es contar las historias que no aparecen en la Wikipedia y que están destinadas a caer en el olvido si nadie se acuerda de ellas, en especial la de muchas mujeres que descansan allí. Historias que se mantienen vivas mientras nos dure la memoria a todos”. En un principio lo hacía sin autorización pero la SFM impuso unos requisitos el año pasado para las visitas guiadas “de terceros”: un máximo de uno al día y no más de dos por empresa al mes. En algún momento de la visita, un vigilante se acerca al grupo de Paloma y solicita que se le enseñe el papel de la autorización. Según la empresa municipal, este control es necesario porque “la prioridad es dar servicio a las familias que están realizando un enterramiento y que no tengan que encontrarse un grupo haciendo fotos o mirando las tumbas”. También se pide a los organizadores de los paseos “que no se tomen fotografías a unidades de enterramiento de particulares por respeto al fallecido, sobre todo si aparece el nombre o la foto del fallecido, exceptuando si se trata de personajes públicos”. Ante esto, Julia explica que lo ve más bien al contrario, que el Cementerio Civil es un lugar olvidado y que en ocasiones las familias les han dado las gracias, como hizo la hija de Ascensión Mendieta, por saber que sus familiares serán recordados. “Esto no es un circo, no se viste nadie de fantasma —dice Julia— se va a trabajar por la memoria”.
Cuando empezó a desaparecer el blanco sucio del hielo, aparecieron los charcos de color verde fosforito en el Parque de Berlín. La Junta de Chamartín había adjudicado la concesión de una autorización para la gestión de las fiestas de navidad en el distrito, la cual debía incluir una pista de patinaje sobre hielo de 400 metros cuadrados como mínimo. Formaba parte del proyecto El bosque de la Navidad, y debía funcionar desde el 4 de diciembre al lunes 6 de enero. Según el pliego, la retirada de las instalaciones debería estar concluida el 9 de enero. A fecha de 23 de enero, el armatoste sigue ahí.
Las manchas de líquido son del anticongelante Monoetilenglicol, tóxico en su ingestión y que irrita la piel y las mucosas al contacto. Un perro ya ha salido escaldado, con las vías respiratorias obstruidas y la cabeza hinchada. Tras las denuncias de los vecinos, la Policía Municipal acordonó la zona en el fin de semana del 11 y el 12 de enero, con una cinta de plástico —”un balizado de seguridad”— que, aunque alerta del problema, no impide que los perros o los niños se acerquen a las manchas. Manchas que, en algunos casos, fueron incluso un importante camino de preocupante líquido verdoso, como se ve en las fotos tomadas por los afectados. Según los vecinos, el vertido, que se mantenía entre la tierra del parque y se escurría hacia las calles colindantes apareció al día siguiente del comienzo de la retirada de las instalaciones, el 10 de enero.
La Junta Municipal conminó a la empresa adjudicataria la semana pasada, para que retirase “de forma apremiante” la arena contaminada y la llevase a un vertedero controlado donde la pudiera tratar adecuadamente, debido a su toxicidad, informan desde la Junta. Y efectivamente, la empresa adquirió un compromiso para realizarlo. A fecha de 23 de enero, la arena contaminada sigue ahí. Respecto a la persistencia de las instalaciones quince días después, incluida la estrella navideña en el centro de la pista, el Ayuntamiento explica que debían esperar a que se fundiera el hielo, cosa que no se ha producido por las climatología.
Diego le dijo a su hija, la pequeña Elena, que sus bisabuelos volvieron de América cargados con dos baúles llenos de monedas de oro. Con ellas, compraron una posada, a la que pusieron de nombre La Troya. Cuando Elena ya no era tan pequeña, hace doce años, encontró los baúles, que nunca había visto. Estaban en el desván de la casa. Los abrió y dentro había… no, no había monedas de oro, lógicamente, pues se habían gastado en la posada. Dentro estaba el pasado que nunca le habían contado.
El interior de las paredes del baúl había sido forrado con hojas de periódicos de Hawái fechados en octubre de 1911: palabras ajenas, titulares de la vida en Honolulú y dibujos de mujeres con sombreros elegantes. Amarilleando, al fondo, papeles cubiertos de polvo, documentos y fotografías de la gran odisea que vivieron sus bisabuelos cuando abandonaron Madroñera (Cáceres) rumbo a la emigración. Nadie había abierto esos baúles en años, Elena ni siquiera sabía que aún existían. Con lo que encontró allí, empezó a recomponer una historia familiar que no le había sido revelada. Su padre le dijo que se la haría saber al cumplir la mayoría de edad, pero falleció antes de que llegara esa fecha y, con él, se marchó también al olvido gran parte de esta historia.Unos seis años después del hallazgo, navegando por internet, Elena Barquilla encontró una página de Facebook titulada Inmigrantes españoles en Estados Unidos y se decidió a mandar unas líneas contando que sus bisabuelos hicieron un viaje de ida y vuelta desde Extremadura a Hawái, pasando un tiempo también en California. James D. Fernández y Luis Argeo recibieron el mensaje un jueves y, ese mismo sábado, se plantaron en Trujillo. Querían ver los baúles con sus propios ojos.
