Hemos visto las viejas minas saqueadas. Los silos vacíos de grano, abandonados. Las tentadoras piedras de las centrales hidroeléctricas en desuso, saqueadas para levantar casas de campo.
Tan solo 49 bienes en toda España se eligieron, por su mayor importancia y riesgo, para inaugurar, en el año 2002, un inventario de nuestro patrimonio industrial que debe ser protegido. La lista no ha crecido. Un anexo al Plan Nacional de Patrimonio Industrial amplia la selección de joyas industriales a un centenar, un “catálogo mínimo”, por aquello del dejar constancia, a propuesta de la oficina española del Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial (TICCIH).
Entre los cien del TICCIH se encuentra la Fundición Averly y, a pesar de ello, los propietarios han podido vender a una inmobiliaria parte de los terrenos de la única villa-factoría que se conservaba intacta, historia viva de la industria del hierro destruida.
La competencia de velar por el patrimonio cultural está transferida a las comunidades autónomas, por tanto, la influencia del Ministerio de Cultura es reducida. María Linarejos Cruz, coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, admite que, para casos como el de Averly, “en el terreno jurídico y competencial no se puede intervenir desde ninguna instancia ajena a la Comunidad” salvo solicitar a esas administraciones que “procedan a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) todos aquellos que aún no gozan de la debida protección”.
Si esa es la única fuerza que tiene el Estado, en el caso de Averly, por continuar con el ejemplo conocido, no sirvió de nada. Las Cortes de Aragón rechazaron catalogarlo como BIC con los votos en contra del PP y PAR y la abstención del PSOE.
“No creo que se esté respetando el Plan Nacional”, confirma Diana Sánchez Mustieles, arquitecta y experta en patrimonio industrial, a cuya conservación dedica su blog. “Muchos de los elementos que se encuentran en el listado del Plan están sin mantenimiento, abandonados e incluso mutilados”.
El Plan Nacional -que se extingue en el año 2016- define que la inversión estatal, a través del presupuesto del Ministerio de Cultura, debería de ser de 2,4 millones de euros al año, que ha de dirigirse no sólo a la restauración y rehabilitación sino en un 20 por ciento también a la documentación e investigación de la memoria histórica del trabajo, “fundamentalmente a través de los testimonios de los protagonistas de los procesos de industrialización” aclara la coordinadora.
Pero el presupuesto general total, según el Plan, debería ser de 14,4 millones de euros, pues debe completarse con la aportación de las comunidades autónomas, la administración local, otros organismos estatales y entidades privadas. No obstante, los planes no siempre salen bien. De los 2,4 millones de euros anuales que debería aportar el Estado, los Presupuestos Generales de 2015 solo destinan 959.000 euros al “Plan de Arquitectura Industrial”, como erróneamente denomina el Presupuesto al Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
Tan solo tres proyectos, de los 49 de la lista de oro, se llevan este año grandes partidas específicas: la recuperación y puesta en valor del Valle de Turón en la cuenca minera asturiana (306.000 euros), la rehabilitación del Alto Horno de Sestao y adecuación de su entorno (186.000 euros) y las Reales Fábricas de metales Riópar, en Albacete (417.000 euros). Los 50.000 euros restantes son para “diversas actuaciones”.
De entre los cientos de lugares en peligro de derribo o desaparición que llevan inscritos en su construcción la historia del trabajo y las revoluciones industriales, hay dos conjuntos, además de Averly, sobre los que la arquitecta industrial Sánchez Mustieles reclama atención urgente: las cocheras de Cuatro Caminos del Metro de Madrid y la antigua fábrica Babcock & Wilcox de Sestao-Trapagaran.
Babcock & Wilcox era una empresa dedicada a la siderometalurgia fundada en 1918 por un grupo financiero vizcaino. En ese año se inició la construcción de diez grandes naves en el estuario de la ría de Galindo. El expolio de lo que queda de Babcock & Wilcox está siendo denunciado por la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial. Según Sánchez Mustieles la fábrica “está ya muy dañada debido a los derribos incontrolados y los incendios”. Este caso es, para María Linarejos, “un testimonio fehaciente de la vulnerabilidad y fragilidad del patrimonio industrial”. Según la máxima autoridad estatal en este ámbito, la medida que se debe adoptar es la de “la protección, a través de cualquiera de las figuras existentes, para evitar la destrucción. A partir de ahí es necesario habilitar usos sostenibles que sean social y económicamente rentables”.
En Madrid, las históricas primeras cocheras de Cuatro Caminos, unas naves construidas por el célebre arquitecto Antonio Palacios (Casino de Madrid, Palacio de Cibeles, Círculo de Bellas Artes) entre 1918 y 1923.
Pese a su valor histórico y arquitectónico, las primeras cocheras de España serán soterradas si nada lo remedia, pues Metro de Madrid vendió el terreno a Ibosa por 88 millones de euros. Según contó El Confidencial, la compañía prevé construir allí una torre residencial de 25 alturas y una zona verde, a pesar de los esfuerzos de la plataforma Salvemos Cuatro Caminos y de la Sociedad de Amigos del Metro de Madrid, que proponía la declaración de BIC y la construcción de un Museo del Metro. En el Plan Nacional, es de nuevo el listado de la TICCIH donde se recoge, aunque de una forma muy general, la catalogación del metro de Madrid como patrimonio industrial.
El suelo. La construcción. El mercado inmobiliario como el enemigo, otra vez. “En efecto”, María Linarejos señala a la especulación como principal amenaza. “Las grandes instalaciones industriales, que en el momento de su creación se encontraban fuera de las ciudades o en su periferia, en la actualidad y debido al crecimiento urbanístico ocupan lugares preferentes en los centros urbanos y son objetos codiciados para la especulación inmobiliaria”. La solución, según la coordinadora del Plan, pasaría por “la concienciación de que los elementos patrimoniales, además de tener rentabilidad cultural y social, también pueden ser objeto de rentabilidad económica, si se les aplican los usos apropiados que preserven su integridad y ofrezcan nuevas alternativas de desarrollo”.
“En muchos casos se utiliza el patrimonio como un arma arrojadiza política” opina Diana Sánchez. “Las instituciones deberían plantear opciones más allá de la protección y recuperación. Es importante tener clara la gestión de este patrimonio y dar opciones a sus propietarios para que quieran recuperarlo”.
Otra opción sería la de la gestión ciudadana, como en la cesión temporal de La Tabacalera en Madrid o el proyecto de Apudepa para Averly, que ya explicamos en El Confidencial. Linarejos está a favor de esta vía. “Me muestro totalmente partidaria de la involucración de la sociedad en la toma de decisiones sobre su Patrimonio. De hecho, me parece una consecuencia lógica de la evolución del propio concepto de Patrimonio y de la forma de entenderlo, valorarlo y gestionarlo”.
Esta evolución tiene que ver con una manera más actual y compleja de entender el legado y que va más allá del edificio o los materiales. Esta nueva óptica consideraría también los testimonios, los elementos materiales e inmateriales y su interpretación, insertada en un contexto más amplio, el del “paisaje cultural” entendido como “valor colectivo”. “Ahora patrimonio y sociedad constituyen un binomio indisociable -añade-, así se pone de manifiesto por ejemplo en los procesos de participación ciudadana y en el papel que desempeñan las asociaciones civiles de defensa del Patrimonio”.
Si no fuera por el ruido, caceroladas, protestas y recogida de firmas de las plataformas probablemente caerían naves y se alzarían torres sin que nos preocupáramos por qué perdemos, más allá del ladrillo ganado. Para Sánchez Mustieles estos movimientos son efectivos y se producirían derribos “con total impunidad”. Pero, por supuesto hay un pero, “necesita un mayor apoyo y que las entidades públicas escuchen estas peticiones de recuperación, reutilización y protección del patrimonio industrial”.
La pelota está en el tejado de las Comunidades Autónomas, aquejadas de endeudamientos y necesitadas de liquidez. El TICCIH, del que Diana Sánchez Mustieles forma parte, apenas tiene influencia en España, según ella misma reconoce. Los gobiernos regionales rechazan las peticiones de BIC, que es lo único que el Estado central se ve capaz de reclamar, a pesar de las campañas de la sociedad civil.
El patrimonio industrial es, según afirma la propia Linarejos, “indisociable de la memoria del trabajo”. Borrar del mapa una fábrica azucarera, unos altos hornos, una fábrica de hojalata, un paisaje minero, un harinera, una bodega o una central hidroeléctrica es formatear el disco duro de la historia del trabajo en España, sin back-up ni vuelta atrás.
Más allá de los casos concretos y otros muchos omitidos, hay dos grandes peligros generales: los conjuntos de gran envergadura y extensión que han quedado en desuso en suelos urbanos -una ovejita para el lobo inmobiliario- y los grandes paisajes industriales, fundamentalmente minero, cuyo deterioro y expolio es consecuencia de los años de abandono y de la desidia o incapacidad de las políticas locales municipales. Uno de ellos, el paisaje de la cuenca minera de Mieres, es el único que va a ser rescatado este año. Reocín (Cantabria) o Aldea Moret (Cáceres) tendrán que esperar.
Publicado el 11 de mayo de 2015 en El Confidencial.
